Según reporte del 21 de junio del Ministerio de Salud, Colombia superó los 100.000 fallecidos por Covid-19, así mismo se robaron 2.5 billones de pesos en la pandemia según la Fiscalía General de la Nación. Ante este panorama desolador, y un paro indefinido, respaldado por algunos sectores y rechazado o desconocido por otros, nuestro país no sale del limbo y hoy más que nunca, parece que estamos ante el inevitable Estado fallido. Se requiere con carácter de urgencia ampliar los espacios de participación, que muchas veces están coptados por los actores de siempre, por lo que una reconfiguración de la democracia sería la clave para poder desarrollar una verdadera agenda social pensando en el futuro.
La difícil situación por la que atravesamos no es nueva, ni es resultado exclusivo de los aislamientos y las medidas decretadas por salubridad pero si quedo en evidencia en la pandemia, pues los altos niveles de corrupción de nuestro país según Transparencia Internacional, Colombia se ubicó en la posición 92 de 180 países, obteniendo una calificación de 39 puntos en una escala de 100, en el grupo de países con un mayor índice de corrupción en toda América superado por Perú (94), Brasil (94), Bolivia (124), México (124) y Paraguay (137) lo cual corresponde según la organización a la “concentración alarmante de poder” en el Poder Ejecutivo de Colombia, lo cual ha contribuido a una “explosión de irregularidades y casos de corrupción” asociados con las adquisiciones relacionadas con covid-19. Menos mal se suponía que esta situación nos iba a cambiar y llevar a ser mejores personas. Pues no! aquí todo al revés. La corrupción es la causa de miles de muertes en nuestro país, lo cual ha demostrado que tenemos instituciones gubernamentales débiles y no es coincidencia que aquellos Estados que tienen los niveles más altos de corrupción han tenido menor capacidad para afrontar el reto, profundizando las brechas sociales y económicas, con sus efectos desproporcionados en poblaciones vulnerables, incluidas mujeres, niñas, grupos indígenas, ancianos, migrantes y por supuesto los protagonistas de hoy, jóvenes sin oportunidades, los “ninis”.
Así que más allá de la reactivación económica, lo que tenemos que combatir es toda modalidad de corrupción, pues implica la afectación de lo público, en ese sentido toca empezar a pensarse cómo erradicar un componente cultural especial como es la corrupción política a través de delitos de compra de votos, la trashumancia o mejor conocido como trasteo de votos, los cuales podrían ser combatidos y contrarrestado con iniciativas legislativas pertinentes como el voto obligatorio o ampliar la edad de votación, que ya se ha implementado en otros países de América Latina, las cuales generaría sanciones pecuniarias a quien no cumpla con este deber, desincentivando así estas prácticas fraudulentas de quienes han llegado al máximo órgano legislativo en el que reside la mayor expresión de la democracia, pues es el pueblo el destinatario de las leyes y a la vez su autor a través de sus representantes, en este caso Senado y Cámara lo cual transgrede la ética pública. Dejar de pensar en la elección Presidencial y aterrizar en el meollo del asunto, las elecciones del Congreso de la República. ¡Esos hacen y deshacen!
Con urgencia necesitamos una ciudadanía que comprenda la enorme dimensión de la ética de lo público, en el entendido que lo público es la mediación entre la sociedad y el Estado, Colombia es un país que desconoce el valor y el cuidado de lo público, para ello, se debe retomar los cimientos de la justicia social que cumpla con unos mínimos como lo señala Adela Cortina, una ética dialógica, es decir, basada en el dialogo que es la clave del Siglo XXI, pues donde falta compasión y corazón no es suficiente la razón, para lograr condiciones de cordialidad es indispensable un dialogo sincero, verdadero y justo que permita un bienestar colectivo, solventar el sufrimiento de muchos, la creación de riqueza y políticas públicas para un desarrollo de competencias, generación de conocimiento y una verdadera comprensión sobre el entorno social y cultural que seguramente se verá en mayores puestos de trabajo para la realización de planes de vida en común y concretar una sociedad en paz que es, en sí misma la justicia, o como debe ser todo “al derecho”.
Tenemos un gran reto como ciudadanos en 2022, que será elegir políticos (hombres y ojala más mujeres) llamados a ser facilitadores, verdaderos gestores públicos y no figuras de la farándula nacional, ni con likes o seguidores, pues se espera que aquellos que ostenten puestos de poder y autoridad estén a la altura de las circunstancias y no cohonestar con el #TodoVale, pues hay cosas legales pero no éticas. Los colombianos debemos transitar de relaciones antagónicas (amigos – enemigos) a las agónicas que son tolerables o aceptables, pues hacen parte del mismo sistema de funcionamiento político, lo que quiere decir que aunque hay división entre unos y otros, es normal que exista diversidad (partidos políticos) pero que tengamos un plan en común para poder hacer posible esa tan anhelada reactivación económica y erradicar la corrupción que hoy nos arrebata más de cien mil vidas en medio de esta tragedia, sin camas ni UCI´s.
1 comment
Excelente, este debe ser el primer paso para iniciar una transformación.
A poner el ojo en las elecciones al congreso y evaluar muy bien a cada candidato!
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